Desde hoy se activa la obligación de los coches: una stinga de 2.000 euros. A qué te arriesgas (1 / 2)

No es un gasto aislado, ya que los costes de calibración periódica, mantenimiento y boquillas desechables deben sumarse a la cifra inicial. Para quienes sean detectados con una tasa entre 0,8 y 1,5 g/l, el dispositivo deberá permanecer montado durante 2 años, mientras que en casos superiores a 1,5 g/l el periodo aumenta a al menos 3 años.

Uno de los problemas más críticos reportados por Federcarrozzieri se refiere al uso compartido del vehículo. Si el único coche disponible en una familia está equipado con un interbloqueo para alcohol, cualquiera que quiera conducirlo —aunque no tenga nada que ver con la penalización— tendrá que someterse a la prueba de alcohol, con un límite fijado en cero alcohol. Esto significa que un familiar o convivente no podrá ponerse al volante ni siquiera después de beber una sola copa de vino en la cena, bajo pena de ser detenido por el . Las sanciones para quienes intentan eludir el sistema son muy severas.

Quienes sean sorprendidos conduciendo un vehículo sin el dispositivo, a pesar de la obligación, corren multas de entre 158 y 638 euros y la suspensión del carné de conducir hasta seis meses. En caso de manipulación o alteración del dispositivo, las sanciones se duplican, lo que hace que intentar “engañar” la electrónica sea un riesgo muy alto que podría llevar a la pérdida permanente de privilegios de conducción.

Actualmente, la elección de dispositivos se limita a unos pocos fabricantes autorizados, como los modelos Zaldy o el Breatech B1000, que son compatibles con la mayoría de los coches modernos, incluidos híbridos y eléctricos. Sin embargo, persisten dudas respecto a los vehículos antiguos, que pueden no ser técnicamente aptos para su instalación, lo que crea un corto circuito adicional para quienes no pueden permitirse cambiar de coche. El camino hacia la seguridad está trazado, pero el precio a pagar, para muchos, será muy alto